Represión en marcha

Una nueva visita al libro de "Enclaves de riesgo". ¿En qué ha cambiado las leyes y el control de las conductas en los últimos años?

"En definitiva, el civismo busca disciplinar un espacio urbano en el que no se ha podido contener la ingobernabilidad. Las mencionadas reglamentaciones intentan que el uso del espacio público se pliegue a «los valores morales de una clase media biempensante y virtuosa, que ve una y otra vez frustrado su sueño dorado de un amansamiento general de las relaciones sociales». En otras palabras, se trata —en nombre de los valores de orden y consensode romper los lazos comunitarios y de generar sentimientos de atomización e inseguridad con el propósito de configurar un sujeto individual, pasivo y consumidor. Además del deseo oficial de colonizar plazas y parques con mobiliario urbano, terrazas y negocios al servicio de un ocio mercantilizado (como se está planificando en el caso de la madrileña Puerta del Sol), dichas normas locales pretenden privatizar el espacio público, hacerlo patrimonio exclusivo de las élites y los intereses dominantes y, de paso, debilitar las prácticas populares de sociabilidad y apoyo mutuo que han comenzado a reverdecer con el nuevo ciclo de conflictividad.

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En lo que respecta a la regulación del espacio público, la Ley de Seguridad Ciudadana recién aprobada establece, por ejemplo, como responsables objetivos de las infracciones cometidas en el contexto de una manifestación a cualquier promotor y hasta inspirador de la concentración. Se regulan, además, otras cuestiones que formalmente nada tienen que ver con la seguridad ciudadana, como el ejercicio de la prostitución en el espacio público o determinados usos lúdicos del mismo. Por su parte la reforma del Código Penal realiza una jugada muy peculiar: eliminar las faltas. El gobierno alega para ello razones ilustradas y humanistas: sacar del ámbito de lo penal conductas menores, para reconducirlas al más benévolo ámbito administrativo. Pero en realidad, ese otro ámbito no es más benévolo y de hecho elimina garantías fundamentales del proceso de las cuales la primera es el derecho a la tutela judicial, algo que en el proceso administrativo ocurre en la mayoría de los casos solo en la última fase de un largo proceso. La despenalización de las faltas parece, así, reflejar el descontento de un ejecutivo que se ha topado con una judicatura reticente a sancionar por la vía penal a quienes toda vía no son, citando a contrapelo a Wacquant, «enemigos adecuados». A este paquete de reformas de regulación hay que sumar la reforma de la Ley de Seguridad Privada, que las complementa expandiendo las funciones de la seguridad privada (tan fundamentales en el mantenimiento de un espacio público tomado por los grandes establecimientos comerciales) y sus deberes de colaboración con las fuerzas públicas.

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Lo trascendente, lo que previsiblemente tendrá repercusiones históricas, no es que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana sea más autoritaria, sino que está pensada para blindar el ejercicio mismo del autoritarismo al crear una suerte de «nueva jurisdicción punitiva especial» ―la administrativa― que, al fin, podrá funcionar de forma autónoma y por debajo del radar de los derechos fundamentales, mientras queda salvaguardada frente a eventuales controles jurisdiccionales. Es verdad que solo parece un ejercicio «blando» de control, una represión de baja intensidad sin pelotas de goma, sin porrazos, que logra escamotear de la mirada pública su alcance disuasorio para evitar posibles muestras de solidaridad con las personas represaliadas. Sin embargo, forma parte de una empresa de derribo del garantismo jurídico que en mayor o menor medida se ha construido en España desde la transición de la dictadura franquista a la monarquía constitucional."