¡Tod@s (l@s pobres) a la cárcel! (y II)

Ya se apuntó por acá en otros momentos, pero el análisis de Loïc Wacquant me parece especialmente interesante por la perspectiva global (tanto a nivel espacial como temporal) que da sobre el proceso de potenciación de la cárcel como respuesta a la pobreza:

La regulación penal de la pobreza en la era neoliberal

Loïc Wacquant


¿Cómo y por qué la cárcel ha vuelto a ocupar un lugar central en las instituciones de las sociedades avanzadas? En mi libro Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal dela inseguridad social  expongo tres tesis que resuelven este enigma histórico.

Tesis 1

El refuerzo del Estado penal en respuesta a la inseguridad social

Mi primera tesis consiste en que el refuerzo de la vertiente penal del Estado es una respuesta a la generalización de la inseguridad social y no una reacción a las cifras de crímenes. En las tres décadas que siguieron al momento álgido del movimiento de los derechos civiles, EE UU pasó de ser un ejemplo de justicia progresista a convertirse en el apóstol de la política de “tolerancia cero”, el arquitecto de la máxima “tres strikes y estás fuera” y el campeón mundial de la encarcelación. ¿Por qué se dio este repentino e impredecible giro? La respuesta habitual es que el extraordinario incremento de penas estuvo condicionado por el aumento en el índice de crímenes. Sin embargo, la realidad es muy diferente; la persecución de la delincuencia se estancó entre 1975 y 1993, y se redujo a partir de este momento. La siguiente estadística explica bien la situación: en 1975, EE UU encarceló a 21 personas por cada 10.000 crímenes cometidos, mientras que 30 años más tarde encarceló a 125 personas por cada 10.000 crímenes. Esto significa que el país ha multiplicado por seis las penas, pero no ha reducido los índices de crímenes cometidos.

Para explicar el giro represivo de la política penal en EE UU necesitamos salirnos del eje crimen-castigo y centrar nuestra atención fuera del ámbito estrictamente penal de las instituciones penitenciarias. Entonces descubriremos que tras los disturbios raciales de los ‘60, se utilizó a la policía, a los tribunales y a las cárceles para refrenar las dislocaciones urbanas causadas por la desregulación económica y la implosión del gueto como contenedor étnico-racial, así como para imponer la disciplina del trabajo precario en las capas más bajas de la estructura polarizada de clases y lugares. A consecuencia de ello, el resurgir de las cárceles pretende cumplir tres misiones que poco tienen que ver con la reducción del crimen: doblegar a los sectores de la clase trabajadora posindustrial más reticentes a aceptar la precarización del trabajo asalariado; poner en cuarentena sus elementos más conflictivos y superfluos; y controlar los límites aceptables a los que se deben ajustar los “ciudadanos de bien”, mientras se apuntala la autoridad del Estado dentro del restringido espacio que se ha autoasignado.

Si cruzamos el Atlántico vemos que en Europa Occidental se manejan índices más modestos de reclusión que oscilan entre una sexta y una décima parte de las cifras en que se sitúa Estados Unidos. Sin embargo, esta diferencia de escala no debe ocultar dos hechos cruciales. El primero, que el castigo adopta formas muy diversas que no se reducen al encarcelamiento. El segundo, que los índices de encarcelamiento han mantenido un crecimiento constante y férreo en Europa Occidental desde el comienzo de la década de los ‘80: En Francia, Italia y Bélgica han aumentado más de la mitad; se han doblado en Inglaterra, Gales, Suecia, Portugal y Grecia; y se han cuadruplicado en el Estado español y Holanda, un país este último que durante mucho tiempo ha representado un modelo penal a seguir. En realidad, el giro hacia la criminalización de los sectores marginales urbanos se ha impuesto en Europa Occidental durante las últimas dos décadas, si bien es cierto que en una escala menor (acorde con las posibilidades cosméticas que ofrece el Estado y el espacio social en estos países).

Este cambio presenta tres características distintivas. En primer lugar, las nuevas leyes penales adoptadas por los gobiernos europeos habitualmente “ladran” más de lo que “muerden” (al contrario que en Estados Unidos), ya que el tejido de la ciudadanía social y económica es más robusta, las normativas de derechos humanos impiden la criminalización excesiva y los profesionales de la judicatura han podido resistir a la normalización de la represión desde dentro del aparato estatal. Pero la propaganda que ha establecido la “inseguridad” y la lucha contra el crimen dentro y alrededor de los distritos abandonados como prioridad gubernamental, lejos de luchar contra el desempleo, ha transformado radicalmente dichas prioridades posicionándose del lado de la acción penal. En segundo lugar, las sociedades europeas, caracterizadas por una fuerte tradición estatalista, están recurriendo al primer eslabón de la cadena penal (la policía) y no al último (la cárcel) para poner freno al desorden social y a la desesperación existente en los distritos de bajos ingresos. Así, en Francia, la población reclusa ha aumentado un tercio en la última década, mientras que en el mismo periodo el número de personas arrestadas y retenidas durante una noche bajo custodia policial casi se triplicaron hasta alcanzar la insólita cifra de un millón de detenidos. En tercer lugar, en vez de virar radicalmente de la gestión social de la pobreza a la gestión penal de la misma tal y como ha ocurrido en EEUU, los países europeos han intensificado ambas, ampliando simultáneamente la protección del bienestar y la intervención policial en una ofensiva contradictoria que ha estimulado y limitado al mismo tiempo el alcance del engranaje disciplinario.

Estas tres características definen la “hoja de ruta de Europa Occidental” hacia la criminalización de la pobreza, un camino muy distinto al que se ha seguido en Estados Unidos. Sin embargo, desde una perspectiva macropolítica más amplia, la tendencia dominante es similar: una renovación disciplinaria de las políticas públicas que asocia la “mano invisible” del mercado con el “puño de hierro” del Estado penal. 

Tesis 2

Volver a vincular la política social y la penal

Mi segunda tesis es que para dilucidar las nuevas políticas de la marginalidad debemos vincular de nuevo los cambios introducidos en la política penal y en la social, en lugar de tratarlas como dos ámbitos separados, como suele ocurrir tanto en los espacios académicos como en los políticos. Los recortes en la ayuda pública, por un lado, unidos al proceso de transformación por el cual el Estado de bienestar con su derecho a la protección se convierte en el “Estado del trabajo”, en el que uno se ve obligado a aceptar empleos precarios como condición para recibir la ayuda, y la apuesta por la cárcel como herramienta, por el otro, son las dos caras de una misma moneda. Juntas, las políticas de empleo y las penales ejercen un control simultáneo sobre la pobreza en un tiempo en el que se profundizan las desigualdades sociales y se generaliza la inseguridad social.

En mi opinión, las ayudas públicas y las leyes penales son dos modalidades de la política estatal dirigida hacia los pobres, y, por tanto, deben analizarse (y reformarse) conjuntamente. La supervisión que acompaña a las políticas de empleo y la anulación que genera la cárcel tienen como objetivo a la misma población, procedente de los mismos sectores marginados de la clase trabajadora sin cualificación. Ambas políticas siguen la misma filosofía de conductismo moral y emplean las mismas técnicas de control (la estigmatización, la vigilancia, las restricciones disciplinarias y las sanciones graduales) que persiguen “corregir” la conducta de sus clientelas respectivas. En algunos estados de EE UU, los receptores de la TANF (una ayuda de nuevo cuño asociada a una política de empleo) hacen la misma cola todos los meses que los ciudadanos en situación de libertad condicional para pasar un test de drogas como requisito para seguir obteniendo la ayuda. En otros estados, los ciudadanos bajo libertad condicional que viven en la calle por no haber encontrado un trabajo son devueltos a prisión por haber fracasado en la búsqueda de una residencia estable. Hoy en día no se puede entender la política penal sin tener en cuenta la política social y viceversa. No se pueden comprender las tendencias delictivas sin analizar los cambios radicales que se han producido en las ayudas gubernamentales, la vivienda pública, la intervención social y demás programas estatales en este ámbito, incluida la desatención de la población migrante en situación de irregularidad, que establece el universo de opciones vitales de la población más expuesta al crimen (ya sea como responsables o como víctimas).

Tesis 3

La construcción del Estado neoliberal

Mi tercera tesis es que la puesta en marcha de las políticas de empleo y penales forma parte de la construcción del Estado neoliberal. Los economistas han propuesto una concepción del neoliberalismo identificada con la aséptica norma del “libre mercado” y el advenimiento del “pequeño gobierno” [gobierno reducido o Estado en retirada, N. del T.]. Dicha concepción, que establece al Estado y al mercado como entidades antagonistas, ha sido asumida de manera general por otros científicos sociales. El problema reside en que lo que describe es la ideología del neoliberalismo, no su realidad. La sociología comparativa que estudia el “neoliberalismo realmente existente” y su evolución nos revela cómo éste establece por todas partes un Estado Centauro; un monstruo burocrático con una cabeza liberal que descansa sobre un patrón paternalista. El Leviatán neoliberal practica el laissez faire, et laissez passer en la cúspide de la estructura de clases, donde se hallan las corporaciones y las clases altas, y donde se originan las causas de la desigualdad. Pero en el otro extremo, cuando se trata de lidiar con las consecuencias destructivas de la desregulación económica y de la contracción de la red social de ayudas para aquellos que se encuentran en la parte baja del espectro social, el Estado se vuelve altamente intervencionista y autoritario. Esta situación se debe a que la imposición de la disciplina de mercado no constituye un proceso autónomo ni exento de complicaciones. Muy al contrario: su implementación se encuentra con una recalcitrante oposición y desencadena múltiples resistencias; se traduce en la propagación de la inestabilidad social y la agitación civil entre las clases más desfavorecidas; y prácticamente socava la autoridad del Estado. El dominio del mercado por tanto necesita de sólidos dispositivos institucionales que los sostengan y apoyen, siendo uno de ellos un aparato penitenciario ubicuo y enérgico que persiga a aquellos que sufren el coste social de la reestructuración de la autoridad pública.

Conclusión

La corrosión de la democracia por vía del neoliberalismo

El vínculo existente entre la mezquina contracción del Estado del bienestar y la munificencia del Estado penitenciario, procesos ambos presididos por el patrón de la moral, han provocado cambios en el diseño y funcionamiento del estamento burocrático que son seriamente perjudiciales para los ideales democráticos. En la medida en que están dirigidas a los mismos estratos marginales y distritos urbanos, las políticas disuasorias de empleo y las políticas neutralizadoras penales fomentan una vasta gama de perfiles y experiencias de ciudadanía diferentes a lo largo del espectro étnico y de clase. Dichas políticas no sólo contravienen el principio fundamental de la igualdad de trato por parte del Estado y reducen paulatinamente las libertades individuales de los desposeídos, también socavan la opción al disenso de los gobernados a través del uso agresivo de programas que establecen responsabilidades personales justo en el momento en el que el Estado está retirando el soporte institucional necesario para mantener los mismos y eludiendo sus propias responsabilidades en el ámbito social y económico. De esta manera, los sectores más precarizados del proletariado posindustrial, de donde procede la gran mayoría de los receptores de ayudas y de reclusos, quedan marcados con el sello indeleble del demérito.

En resumen, la criminalización de la pobreza fragmenta a la ciudadanía a lo largo de las diversas estructuras de clase, mina la confianza cívica de las capas más bajas y anticipa la degradación de los principios republicanos. El establecimiento de un nuevo gobierno de inseguridad social vinculado a unas políticas de empleo restrictivas y una política penal expansiva revela, en definitiva, que el neoliberalismo es esencialmente corrosivo para la democracia. Y, sin embargo, éste es el resultado de elecciones políticas concretas y no una necesidad predestinada que impone un camino inevitable en las sociedades contemporáneas. La agitación de la década de los ‘60 y la estanflación de la década de los ‘70 abrieron nuevos caminos históricos que todavía permanecen abiertos. Pero para localizarlos antes debemos desentrañar la arquitectura global del laberinto institucional que los contiene y bloquea, e identificar las verdaderas causas del cambio hacia la gestión penal de la pobreza. Me gustaría pensar que los debates e intercambios de opiniones del foro OpenDemocracy supongan un nuevo paso en dicha dirección.