En este contexto de claro retroceso y precarización social existe un indicador habitualmente poco destacado: la continua disminución del índice de delincuencia (o de “delitos conocidos” por las fuerzas policiales). Como señalábamos en un post anterior (ver aquí) el número de delitos por cada 10.000 habitantes viene disminuyendo desde el año 2002. Entre 2007 –último año del período de crecimiento económico- y 2012 la tasa de delitos continuó su senda descendente (desde 41,7 hasta 35 delitos por cada 10.000 habitantes).
Gráfico 1. Evolución de las tasas de desempleo y de delitos conocidos. 2007-2012
Fuente: elaboración de Colectivo Ioé en base a Encuesta de Población Activa y Anuarios del Ministerio del Interior.
Ante el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población y el continuo recorte de prestaciones sociales[i], sería de esperar un repunte de pequeños delitos –hurtos y robos- e incluso de ciertas manifestaciones violentas –en el seno de los hogares pero también entre sectores especialmente empobrecidos-. ¿Cómo explicar que hasta la fecha no se registre dicha dinámica? Por una parte, las prestaciones institucionales (desempleo contributivo y asistencial, servicios sociales, etc.) aunque en retroceso ofrecen una cobertura significativa a una parte de la población. Además, quienes quedan excluidos de estas redes de cobertura cuentan con otros servicios asistenciales como los ofrecidos por Cruz Roja (2,4 millones de personas atendidas en 2012), Cáritas (1,9 millones atendidas en 2012, especialmente parados de larga duración, mujeres, parejas jóvenes con hijos, inmigrantes no comunitarios) o los Bancos de alimentos (1,3 millones en 2012; especialmente personas mayores, inmigrantes, toxicómanos, parados de larga duración e indigentes).
Más allá de las diversas iniciativas institucionales, caracterizadas por una dinámica asistencial, en la que la persona diferenciada queda colocada en la posición de “cliente” –por mucho que lo recibido sea un derecho- conviene resaltar la importancia de las redes horizontales de ayuda mutua. Entre estas destacan las prácticas de solidaridad familiar, principal mecanismo de contención y apoyo mutuo (hijos mayores que vuelven al hogar paterno, pensionistas que sostienen con sus ingresos a familiares más jóvenes, ayudas económicas o en especie entre parientes, etc.). Desbordando el marco de las “obligaciones familiares” se están desarrollando una serie de iniciativas sociales que ponen el énfasis en el compromiso cívico y en la implicación de las personas “necesitadas” en la resolución de sus carencias materiales. Entre ellas, cabe mencionar a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en el terreno del alojamiento (más de 750 desalojos evitados, 712 personas realojadas), iniciativas en defensa de la sanidad universal y defensa de los derechos de las personas excluidas del sistema público de salud (como Yo sí sanidad universal) o a diversas asambleas del movimiento 15M respecto a la distribución de alimentos (ejemplo) o material escolar (ver ejemplos).
En definitiva, ante la continua agresión de las políticas gubernamentales impulsada por los representantes del capital financiero a escala europea existe un amplio catálogo de prácticas solidarias que intentan solventar algunas carencias materiales y, especialmente, rescatar la dignidad de las personas afectadas fomentando la implicación ciudadana y la defensa colectiva de sus intereses. Estas iniciativas de carácter defensivo necesitan apoyarse en otras cuyos objetivos son la reivindicación de derechos y la exigencia de cambios políticos a favor de los sectores populares.
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