de los Comunes

"Nuevos fueros para las y los habitantes de la gran ciudad de Madrid

Firmada el 1 de septiembre de 2023 por más de un millón de madrileñas y madrileños

Declaración inicial

Nos, de mutuo acuerdo, en libre acto de reunión y asamblea, sin coacción de los poderes del Estado, sus partidos, grupos de comunicación y otras organizaciones con pretensiones de representación, establecemos la plena vigencia de la presente Carta y Fueros con el objeto de que sean conocidos, y respetados, y mejorados por los y las residentes, así como por las juntas comuneras, de los barrios y pueblos de la gran ciudad de Madrid." (seguir leyendo...)

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 Así empieza el interesante texto del MANIFIESTO DE LOS COMUNES redactado antes de las elecciones de mayo del 2011. Pero quizás lo más interesante sea el epílogo final: 

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"Breve historia de los comunales y la propiedad pública

Recuperemos el hilo de la historia: los comunes eran fundamentalmente una estrategia para garantizar la reproducción social de forma independiente del poder arbitrario de los señores feudales —al igual que hoy ocurre con numerosas comunidades rurales. Sean cuales fueran las demandas y las exacciones de los señores, las reservas de tierra comunal, suponían una garantía de supervivencia para aquellos menos favorecidos por el régimen de propiedad, así como una base de protección para los campesinos mejor situados. De esta manera, se forjaron varias capas de protección social. Por un lado, se impedía que la depredación feudal se produjese a costa de la comunidad como tal y, por otro, se garantizaba la explotación sostenible de los recursos naturales. En este arreglo, solidaridad social y sostenibilidad se complementaban perfectamente: en la medida en que los bienes y servicios naturales se situaban, de hecho y de derecho, en la base material de la reproducción comunitaria su destrucción era la destrucción de la propia comunidad.
Se ha señalado en innumerables ocasiones que la pérdida de estos bienes comunes fue indispensable para fabricar un estrato proletario desposeído y dependiente que finalmente fue conducido hacia la producción fabril capitalista en buena medida gracias al «miedo al hambre» como principal motor de sus motivaciones. También se ha señalado que, a la larga, esta desposesión generó una fuerte polarización social que cargó una enorme tensión sobre la reproducción social, y, por extensión, sobre la reproducción de la fuerza de trabajo. Por su parte, los movimientos obreros nacieron como contrapeso a esta enorme fuerza de desposesión. Su historia se reconoce en una suerte de recomposición comunitaria —bajo la forma de la llamada clase obrera—, que utilizó en su desafío total al capitalismo una mezcla de instrumentos analíticos nuevos dirigidos a comprender el modo de producción, con formas tradicionales de generación de vínculos sociales en buena parte heredadas de la memoria de las comunidades previas, que se sostenían como colectividades coherentes gracias al régimen de los comunes.

En este marco, y a lo largo de los siglos XIX y XX, la respuesta a las sucesivas oleadas de la lucha de clases vino de la mano la propiedad pública, una versión estatalizada del concepto de propiedad social —«la propiedad de los no propietarios»—, y en cierta medida un sustituto de los antiguos comunales. En este régimen de propiedad, el Estado asumía la responsabilidad sobre la reproducción social. Su función consistía efectivamente en la producción de bienes públicos, un tipo de producción simplemente imposible bajo un régimen de propiedad privada mercantil.

De esta manera, el Estado logró interiorizar buena parte de la dinámica histórica de la lucha de clases; e incluso, después la Segunda Guerra Mundial con la universalización del modelo keynesiano-fordista, de la dimensión conflictiva de la reproducción social. Apaciguada ésta por la progresiva expansión de la propiedad pública, se fue dando paso a una forma de ingeniería social en la que, bajo la figura del impulso a la demanda efectiva y mediante el crecimiento de los salarios directos e indirectos, capital y trabajo encontraron una frágil esfera común de intereses. Desde este lugar, se dio el mayor impulso conocido hasta la fecha de las instituciones del Estado de Bienestar. Educación, salud, vivienda fueron en gran medida desmercantilizadas, redenominadas con el adjetivo «públicas», y elevadas a conquistas civilizatorias de un nuevo modelo de reproducción social.

Como es conocido, el reverso de este pacto fue una progresiva incorporación de la reproducción social a la maquinaria del Estado que puso a las nuevas instituciones del Estado de Bienestar bajo el control de una casta de «expertos» que efectuaban las tareas de gestión del nuevo patrimonio público. Este movimiento de burocratización, terminó siendo decisivo cuando, a partir de la crisis de 1973, la caída de la rentabilidad capitalista provocó la ruptura del pacto entre capital y trabajo, que ya se encontraba tocado por la nueva ofensiva social y obrera de los 68′. Pero el desarrollo político de la crisis de los setenta también se llevó por delante los arreglos institucionales de las élites capitalistas ligadas a la producción, dando paso al dominio hegemónico del capitalista en dinero (rentista) y de las finanzas globalizadas. El resultado de esta doble ruptura fue que las políticas keynesianas para impulsar la demanda, el marco técnico desde el que se había incorporado la reproducción social a la gestión tecnocrática, terminó por perder cualquier significado político y económico desde el punto de vista del capital.

Según un guión bien conocido, la nueva ideología de la contrarrevolución neoliberal, que sirvió de principal instrumento de reorganización de la clase capitalista, ha considerado, y considera, que la vivienda, la salud, la educación ya no son salvaguardas de la reproducción de la fuerza de trabajo, antes útil al fin y al cabo al propio curso de la acumulación capitalista, sino limosnas más o menos generosas que se otorgan a una mayoría social que se ha vuelto dependiente del Estado y que ha olvidado los valores de sacrificio y trabajo individual. Esta liquidación de las políticas del bienestar, en ausencia de las formas de lucha que habían colaborado a su creación, ha puesto a las instituciones de propiedad pública, en la picota de una versión monetaria estrecha y en gran medida ideológica de la eficiencia: pasando a ser concebidas como simples costes en el balance de las cuentas del Estado.

El paso siguiente ha sido desprenderse de unos «servicios», ya no derechos, que ahora se consideran simples cargas para el capital. El método no ha sido otro que la mercantilización y la privatización de algunos espacios esenciales para la vida social. La misma casta de «expertos» que se había hecho cargo de la gestión de la propiedad pública adquirió entonces el encargo de ejecutar su liquidación. Este movimiento se está produciendo «curiosamente» en un momento en el que el capitalismo histórico empieza a encontrar grandes dificultades para seguir manteniendo las tasas de beneficio que caracterizaron al capitalismo industrial de la edad de oro de la postguerra mundial. Los ciclos industriales ya no producen lo suficiente para mantener la máquina del beneficio capitalista a flote y las antiguas conquistas sociales aparecen como los «nuevos comunes» sobre los que lanzar una ofensiva en busca del beneficio perdido.

Las finanzas, con su capacidad sancionada institucionalmente para producir dinero, se han convertido en la punta de lanza de este proceso. Así, lo que antes eran garantías públicas pasan a ser «activos» financieros, con un valor negociable en los mercados globales de capitales, donde, por decirlo suavemente, la reproducción social importa bien poco. Para tener un buen ejemplo de este proceso no tenemos más que fijarnos en cómo una garantía social pública como las pensiones de jubilación se han convertido, a través de los planes privados, en gasolina para las grandes operaciones financieras. O de cómo ese otro antiguo derecho a la vivienda se ha convertido en una masa de deuda hipotecaria que transfiere permanentemente recursos de las familias a las finanzas.

Pero ese proceso al que llamamos financiarización, no sólo convierte paulatinamente los antiguos servicios sociales y derechos de ciudadanía en activos cotizados en los mercados financieros e inmobiliarios, también colonizan nuevos espacios mercantiles. Los activos naturales (aire, agua, suelo, energía) sufren con especial gravedad el embate de una nueva colonización financiera que los pone (al igual que a sus usufructuarios tradicionales) a los pies de un modelo de acumulación intensivo en materiales y vertidos. Por otro lado, relaciones sociales tradicionalmente ajenas al mercado, como puedan ser los cuidados, también aparecen como nichos de negocio que se presentan como soluciones a la disolución de las relaciones sociales que ha provocado la propia mercantilización y financiarización de la vida cotidiana.

El resultado de todos estos procesos involutivos de colonización de los distintos flancos del núcleo de la vida social es el poderoso estrés que hoy caracteriza a la esfera de la reproducción. Podemos identificar esta tensión como una forma de precariedad generalizada que se traduce en tener que vivir al día y que nos lleva de vuelta a ese presente contínuo que ha caracterizado históricamente la experiencia del tiempo para el proletario desposeído.

La estrategia de los comunes

La estrategia de los comunes
Frente a la pérdida del sustento material que actualmente sufrimos, debido a la depreación del capitalismo financiero, las instituciones del común funcionan con una lógica completamente distinta, asegurando el sustento material para unas relaciones sociales no dependientes. La diferencia de esta construcción de instituciones es de orden social: las relaciones comunitarias. O dicho de otro modo, la recuperación de las esferas de la reproducción social que garantizan la vida en común no puede hacerse desde una relación mediada institucionalmente, sino que ésta debe colocarse en el punto en el que se anuda la materialidad de las relaciones comunitarias. Valor de uso, sostenibilidad y gestión colectiva y transparente son algunas de sus encarnaciones. Por eso es necesario entender que lo común no se deja reducir a los estatutos de propiedad existentes, ni la propiedad privada ni la propiedad pública están hoy en condiciones de realizar este proyecto de recuperación de los mecanismos sociales de reproducción, ni por extensión de recuperar o articular forma alguna de sociabilidad no sumisa al mercado. Quizá el sentido de la pregunta pertinente vaya en una dirección completamente opuesta ¿Cómo se podría redefinir la propiedad pública y la propiedad privada una vez que los mecanismos materiales y políticos que garantizan la existencia hayan sido recuperados?

Habrá quien señale que en la perspectiva que desarrollamos en este texto se soslayan algunos aspectos centrales del régimen actual de dominio y explotación capitalista. A primera vista, tanto la problemática de la propiedad de los medios de producción y el gobierno del trabajo, lo que podríamos llamar la problemática comunista tradicional, o incluso la cuestión general del gobierno democrático del cuerpo social, la representación política, quedan fuera del alcance de la estrategia de los comunes.  Quizá sea necesario entender pues, cuál es el alcance concreto de la estrategia de los comunes. Se trata, como venimos diciendo, de señalar una serie de campos necesarios para la reproducción de la vida social y de recuperarlos, blindándolos ante las distintas formas de sumisión al mercado, que no es sino la mejor forma de garantizar su desaparición. Cuando se tiene en cuenta la fusión práctica entre los ámbitos de la producción y de la reproducción, es difícil pensar que la conquista de espacios libres para la reproducción social pueda no tener influencia sobre la producción. De hecho, los antiguos commoners (comuneros) medievales lograron, gracias al control de estos mecanismos, una autonomía casi completa sobre el proceso de trabajo que les permitía simplemente no tener que vender su fuerza de trabajo y mantener controlada su actividad económica dentro de los límites de instituciones formadas por fuertes redes de pertenencia como la familia o la aldea.

Las instituciones del común implican, pues, un cambio en el enfoque habitual de las luchas sociales, que aunque repercute sobre algunos procesos de gobierno del trabajo, aligerando notablemente la carga del dominio capitalista, necesita como complemento de otras formas de gestión que se dirijan hacia el centro clásico de los mecanismos de explotación capitalista. La extensión de la propiedad común sobre la reproducción social apunta a una desmonetarización y desmercantilización de la vida. En cierta forma se trataría de una desproletarización de masas que se opone a la lógica de la violencia de la desposesión, sin que ello vaya en contra de nuevos derechos propiamente monetarios de acceso a la renta, como la Renta Básica. En cualquier caso, la extensión de los comunes supone tanto una apuesta por la autonomía de la reproducción social como por el reforzamiento del vínculo comunitario y se opone, por principio, a las versiones de la Renta Básica más cercanas al liberalismo, es decir, aquéllas que no problematizan la mercantilización de la vida social.

Una argumentación parecida puede realizarse sobre las posibilidades de una nueva política democrática. La liberación de los comunes instaura una política democrática directa sobre aquellos aspectos que forman parte de la reproducción social. Aún cuando este proceso supone una redefinición total del sistema político, no aborda directamente lo que en términos tradicionales podríamos llamar el problema de la representación, al menos en las escalas y niveles más altos de gobierno, aquéllos en los que no caben todos los concernidos en una habitación (grande). Por lo tanto, puede coexistir con otras propuestas para la democratización del cuerpo social y la generación de nuevas instituciones de gobierno.
Pero, a pesar de la persistencia de estos problemas clásicos, hoy, en un momento en el que el desarrollo histórico de la crisis refuerza la hegemonía política de la financiarización, nos enfrentamos al hecho de que la extracción de plusvalía ya no se produce por los mecanismos clásicos de la producción capitalista, sino por métodos financieros como los mercados de crédito que canalizan hacia el capital financiero cantidades crecientes del producto social. No sin similitudes con las exacciones feudales arbitrarias, la financiarización produce beneficios captando progresivamente una mayor parte del producto social, centralizándolo, y redistribuyéndolo conforme a criterios que responden únicamente a sus estrategias de poder. El resto del cuerpo social, las grandes mayorías sociales y las instituciones públicas, quedan sometidas a un régimen de escasez de recursos que determina las relaciones sociales. Controles del gasto público, privatizaciones, estancamiento salarial, degradación de las condiciones laborales, desempleo, no hace falta buscar mucho para encontrar las manifestaciones más visibles de este régimen de restricción generalizada. En realidad, a partir de este punto se abre un régimen disciplinario en el que volvemos a encontrarnos con el clásico motor ideológico de la sumisión al trabajo capitalista, «el miedo al hambre», ahora ampliado y transformado en miedo al desclasamiento, a la movilidad social descendente, al otro generalizado o a cualquier otra amenaza percibida sobre la capacidad de competir por las migajas que deja la rapiña financiera. Los síntomas superficiales de este tipo de miedo son bien conocidos: desmovilización, microfascismo, atomización, consumismo agónico, guerra entre pobres, psicologización del malestar, etc. Pero este régimen disciplinario descansa sobre una condición que debemos negar categóricamente: la escasez. No hay ninguna escasez real y, por lo tanto, no hay motivos para aceptar los chantajes políticos que dependen de ella para entonar su “no hay alternativa”.

La extraordinaria fuerza de la captación y la centralización de recursos que provoca la financiarización y su redistribución selectiva hacia los estratos más altos de la pirámide de ingresos, ese 10 % (o menos, dependiendo del contexto) de la población que se reparte la gran mayoría del producto social, impiden ver la riqueza social existente. Por un lado, la riqueza de lo materialmente existente, la cantidad de bienes y capital que existen a día de hoy, y que una vez repartida podría cubrir durante mucho tiempo las necesidades de, literalmente, todo el mundo. Pero también la riqueza del conocimiento, de la cooperación social liberada, de las relaciones sociales autónomas, de todas esas dimensiones inmateriales de las fuerzas productivas que están sometidas a un régimen de escasez artificial por un sistema de extorsión social que vive de la captación de externalidades sociales, las restricciones de acceso y de distintas formas de pago de peaje. Propiedad intelectual, privatización de la enseñanza, limitación de las potencialidades del conocimiento y la investigación por culpa de su redirección hacia los intereses inmediatos de la producción capitalista son algunas de las manifestaciones más visibles de esta forma de negación del sentido colectivo de este tipo de producción social.

De otro lado, el reconocimiento de esta enorme riqueza social y su conversión en valores de uso equitativamente distribuidos deben liberar la presión sobre aquellos recursos a los que, por oposición a los recursos socialmente escasos, podemos llamar físicamente escasos. Nos referimos al stock de capital natural que en estos momentos sigue siendo depredado hasta el punto de acercarnos cada vez más rápido a una crisis ecológica mundial, eso sí, bajo el tranquilizador mantra ideológico del capitalismo verde. Más allá del milenarismo bienintencionado de algunas posiciones que auguran el colapso de la civilización capitalista por escasez de recursos, sostenemos que, éste es también un problema inseparable de la redistribución financiarizada, de las formas de propiedad y del poder de mando capitalista. Mientras estos últimos queden inalterados, la conciencia de la escasez de recursos simplemente generará modelos cada vez más duros de dominio sobre el capital natural. Todos estos procesos de divergencia entre las capacidades sociales y las necesidades físicas, por un lado, y los regímenes de poder y propiedad existentes, por otro, apuntan a la pertinencia histórica de un nuevo régimen de gestión de recursos que libere la enorme abundancia existente y modere drásticamente las presiones sobre los ecosistemas naturales, un régimen comunal.

Curiosamente, toda la evidencia existente parece querer contradecir la «tragedia de los comunes» que predecía que la propiedad común necesariamente suponía el agotamiento de los recursos naturales. Al contrario, cuanto más se extiende la propiedad capitalista de la tierra más se sobreexplota el capital natural, más residuos se vierten a la atmósfera y más se deterioran las relaciones físicas que constituyen los ecosistemas. Frente a este horizonte, los pocos reductos en los que la gestión comunal de los recursos sigue dependiendo de comunidades políticamente activas, aparecen como islotes de gestión eficiente, satisfacción de necesidades y sostenibilidad. Y esto a pesar de que justamente sea la bandera de la eficiencia la que enarbolan los discursos neoliberales y sus variantes tecnocráticas. Este proceso supone la constatación de que los ámbitos de reproducción social gestionados por la vía del mercado, e incluso a través de la propiedad pública tradicional, pueden ser mucho menos menos eficientes que la gestión comunal democrática. Y sin duda, la privatización que defienden las distintas variantes del discurso neoliberal redunda en mayor desigualdad al acceso y en una mayor destrucción del recurso. En resumen, lejos de volver al pasado, la apuesta por los comunes supone la entrada en un periodo histórico verdaderamente diferente al nihilismo de la rapiña y la desposesión del que se alimenta el actual capitalismo financiarizado.  De hecho, para captar la importancia histórica del tipo de cambio fundamental que se propone en este texto es necesario tener en cuenta que el capitalismo actual simplemente no puede llevarnos hasta ese punto, ni hacia ningún otro que implique un progreso social medianamente significativo.

Un último apunte debe hacerse respecto a las cuestiones de escala. En este texto, ficción recreada sobre fueros y cartas puebla medievales, nos centramos en la visión de lo que sería un régimen de comunes para la región metropolitana de Madrid. En ciertos aspectos, esta elección nos facilita enormemente la argumentación sobre su pertinencia histórica. Por ejemplo, la gran masa física de capital instalado en el territorio madrileño en forma de infraestructuras y viviendas hacen que sea innecesario plantearse el problema de una mayor acumulación de este tipo de capital y, sin embargo, sea indispensable un modelo de gestión socializada que desvincule este capital del dominio de la oligarquía financiero-inmobiliaria de la región madrileña. En otros aspectos, sin embargo, esta escala es insuficiente. Madrid hace tiempo que dejó de ser una unidad social autocontenida, sí es que alguna vez lo fue, y un programa de liberación de la reproducción social y de gobierno de los comunes debe tener en cuenta las interconexiones globales que hoy constituyen la metrópoli madrileña. Aunque aquí, como no podría ser de otra manera, se dan respuestas a problemas globales, adaptadas al contexto de la metrópoli madrileña —hay pocos problemas propiamente madrileños— para que todo el programa de apertura de nuevos comunes tenga sentido, éste tiene que estar acompañado por movimientos similares en las distintas escalas geoeconómicas. Desde la extensión universal de los comunes, a escala local, hasta el diseño de mecanismos para gestionar los global commons como la atmósfera, los océanos, o el total de la biosfera, pasando por la solución de los problemas de deuda ecológica o déficit de materiales, el espectro de los comunes tiende a la universalidad.

-Dicho de otro modo, el programa de extensión de los comunes

será global o no será-"