"Lo común. El 15M y los indignados griegos se comprenden como procesos de reinvención de la pasión política, y con ella de la preocupación y la discusión sobre los asuntos comunes. La democracia, los servicios públicos, la distribución de la riqueza, son todas ellas cuestiones relativas a lo común, a todo aquello que afecta a todas y a todos. Pero lo común no se reduce únicamente a lo que normalmente entendemos con el nombre de las «cuestiones públicas». Históricamente ha sido un importante modelo de propiedad y gestión de los recursos productivos.
Los bienes comunes, o comunales, aluden efectivamente a un régimen de propiedad y de manejo que no es ni público, ni privado, sino que obedece a formas de gestión y uso determinados por una comunidad concreta que se convierte en titular de la propiedad de esos bienes. Ésta regula los usos de los recursos, sin que por ello pueda negar a ninguno de sus miembros el acceso a los mismos. Los comunales han sido probablemente la forma de propiedad y gestión más probada en la historia de la humanidad. La mayor parte de las sociedades campesinas han dispuesto de una serie de bienes (selvas, bosques, montes, tierras de labor, ríos, mares) en régimen de comunes. En algunos casos, los comunales eran tan importantes que proporcionaban los principales medios para el sustento de toda la comunidad. En otros, servían al menos como amortiguador de las desigualdades sociales, complementando los ingresos y los recursos de los sectores más frágiles.
El interés de los comunales es doble. Por un lado son inalienables, no pueden ser enajenados, porque propiamente no pertenecen ni al Estado, ni a ningún particular, sino a la sociedad en su conjunto. Por otro, los comunales dependen directamente de la comunidad, esto es, los recursos están en manos de sus usufructuarios, lo que permite, y en cierto modo exige, formas de gestión directa y democrática de los mismos.
En términos históricos, el avance del modo de producción capitalista, y también de algunas formaciones económicas precedentes, como las oligarquías feudales, se ha servido de la destrucción de los comunales. La sola posibilidad de formas de vida al margen del trabajo asalariado, que en efecto permiten los comunales, es contraria a la lógica de la acumu-lación, y su exigencia histórica de disponer del mayor número de brazos «libres de toda atadura» y de tierras «libres de usos improductivos». Por eso, una de las formas históricas por las que el sistema capitalista ha resuelto siempre sus propias crisis ha venido de la mano de la «desamortización» y de la privatización de los bienes comunales que todavía restaban.En cierto modo, no es algo muy distinto a lo que ahora ocurre con el ataque «neoliberal» sobre los bienes públicos.
Efectivamente, durante las pasadas décadas, los servicios públicos elementales como la educación o los sistemas de salud, que componen lo principal del llamado Estado de bienestar, han funcionado como los principales bienes comunes de las naciones europeas. La titularidad estatal de los recursos, los modos tecnocráticos de administración y el muchas veces notable déficit democrático de su gestión no impidió, al menos no del todo, que estos servicios garantizaran una cierta autonomía, por parcial que fuera, a la reproducción social frente a las lógicas predatorias del mercado. Y es este límite al mercado, lo que se ha convertido en el principal objetivo del neoliberalismo.
Como se ha visto repetidas veces en este texto, la ola desamortizadora de estos años ha afectado a casi todos los bienes de propiedad pública, con independencia de que éstos pudieran o no ser gestionados de forma eficiente por medio de empresas con ánimo de lucro. No obstante, para ser justos, habría que reconocer que el éxito de esta nueva forma de violencia contra la propiedad pública no se debe únicamente a un complot urdido de espaldas a la población —si bien la lectura de los documentos de la UE no parece sugerir lo contrario. En parte al menos, la crítica liberal a la propiedad pública apunta bien sobre la arbitrariedad y el autoritarismo que supone la tutela estatal. Y esto aunque la alternativa propuesta —la privatización y los mecanismos de mercado— sólo haya servido para generar nuevos nichos de negocio para las grandes multinacionales de servicios. De otro lado, la propiedad pública, especialmente cuando el control democrático sobre el Estado es tan débil y la corrupción y la degeneración del sistema de partidos es tan fuerte, no es garantía suficiente para que las comunidades puedan disponer de unos recursos que le son propios por derecho.
En este sentido, las formas de propiedad y gestión comunal pueden suponer un contrapeso efectivo a la privatización. La simple aceptación de que los servicios públicos son en realidad bienes comunes, convierte automáticamente al Estado en un mero intermediario, susceptible de ser depuesto en sus funciones de gestión, sustituido por otras instituciones más fiables. Y lo que es más importante, el retorno a un nuevo sistema de propiedad en régimen de comunales podría convertirse en una interesante palanca institucional para la democratización de los servicios públicos, y de todos aquellos bienes y recursos que la sociedad considere imprescindibles para su propia reproducción, incluidos buena parte de los bienes naturales ahora en franca pendiente negativa, precisamente por la notable «eficiencia» de las formas de explotación privada.
Se trata de un conflicto que viene dándose desde hace cierto tiempo en el ámbito del llamado procomún del conocimiento, y en los aspectos relativos a los derechos de autor y la propiedad industrial. Como se sabe, Internet y las nuevas tecnologías han permitido condiciones de acceso al conocimiento y a la cultura potencialmente universales; basta un terminal de ordenador y una conexión de red. Las leyes de propiedad
intelectual e industrial constituyen, por contra, las formas modernas de apropiación y expolio de estos comunales del conocimiento. La cuestión está en si este conflicto en el ámbito del conocimiento, que tanta trascendencia tiene para el futuro de nuestras sociedades, no puede ser en cierta forma parecido al que se da en otros campos como los bienes naturales o los servicios públicos."
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