¡Tod@s (l@s pobres) a la cárcel!

Ya que parece que el Ministerio de Justicia está bastante animado a hacer (o deshacer) cambios en la legislación española, no estaría desde esta instititución se visitara la página de Otro derecho penal es posible, prestando especial atención a los mitos del sistema penal español, en la que revisan (y desmontan) algunas de las construcciones sobre cómo funciona éste: que si es sistema español es más benevolente que otros (cuando es de los más represivos de Europa), que si habría que instaurar la cadena perpetua (cuando existen de hecho condenas a prisión perpetua en el Estado español y, en algunos casos, por la imposibilidad de su revisión, es más estricta que otros Estados que sí la tienen en sus Códigos)...

Pero sobre todo lo que merece la pena revisar es la confusión que existe entre politica social y política penal. Porque en nuestro país, frente a la escasez de recursos e inversiones sociales (estamos a la cola de Europa en este campo), se ha apostado por la política penitenciaria como manera de manejar los problemas sociales.Ahí van algunos datos que lo muestran con claridad:

• La tasa de criminalidad en España ha bajado en los últimos 20 años y es bastante más baja que la media europea (46,7/1000 habitantes frente a 70,4/1000 habitantes, y en otros países como Gran Bretaña y Alemania es de 101,6 y 76,3 respectivamente).

• La población penitenciaria en España se ha multiplicado por cuatro en los últimos 30 años, pasando de 18.553 personas en 1980 a 76.771 en 2009

• El aumento de la población penitenciaria no ha sido causada por un aumento de los delitos, sino por cambios en la ley: El Código Penal de 1995 eliminó la redención de penas; en 2003, se  produjo la tipificación de más delitos y se dificultó el acceso al tercer grado; después llegó el endurecimiento de las penas por maltrato y por delitos al volante.

• La mayor parte de los que están cumpliendo pena de prisión lo hacen por delitos contra el patrimonio (robos) o contra la salud pública (drogas): el 66% de los hombres y el 81% de las mujeres. No se trata de los delitos de los que más se habla (asesinatos, terrorismo, etc.)

• Hay una estrecha relación entre exclusión social y control penal:

• Cada vez hay más población penitenciaria con enfermedad mental severa (se pasa de las políticas sanitarias a las de seguridad ciudadana)

• Hay una importante correlación entre bajo nivel educativo y situación de prisión.  También se relaciona el bajo nivel educativo de los padres y la baja cualificación profesional.

• Much@s pres@s provienen de familias numerosas (hasta el 80,5%, y un 44,3% de familias con 5 o más hermanos)

De todas maneras, hay que reconocer que no es mala idea que el Ministerio de Justicia se ocupe de las desigualdades, la pobreza y la exclusión social. No dejan de ser fruto de las injusticias de base sobre las que se asienta nuestra sociedad. Pero en vez de atacarlas, se dedica a reforzarlas a través de un sistema penal que machaca aún más al que menos tiene.

¿Algún día conseguiremos cambiar esto?