El Ayuntamiento de Madrid acaba de terminar un informe sobre la situación de la parte de Cañada Real perteneciente al municipio. Y, según la noticia que aparece en El País, parece que no hay mucha claridad sobre qué hacer con sus habitantes, que según el censo son 5004 personas. Se habla de dar soluciones individualizadas, legalizando algunas zonas, donde esto es viable, y derribando otras. Pero sobre todo, protegiendo los presupuestos municipales, no vaya a ser que se engorde la deuda de la M-30 con gastos destinados a proporcionar vivienda digna a familias que no tienen posibilidad de acceder al mercado inmobiliario.
De hecho, el párrafo final del artículo genera muchas preguntas:
"El resto del asentamiento (incluido el área de influencia) se tiraría
abajo para hacer zonas verdes, realojando a sus pobladores. Son 709
parcelas, 1.292 viviendas y 4.464 personas (el 47%, gitanos; el 23,5%,
magrebíes). “Al menos un 40% de familias deberían resolver por sí solas
su necesidad de vivienda. Al resto se las realojaría, siempre y cuando
cumplan los baremos habituales en este proceso."
Es decir, que se realojará a poco más de la mitad de la población, siempre y cuando cumplan los requisitos, lo cual dejará a unas cuantas familias fuera (de hecho, a lo mejor esa es la razón de que vivan en Cañada Real, el no tener acceso posible a vivienda protegida). Y las demás... que se busquen la vida, como llevan haciendo desde siempre.
Y es que sólo hay que ver lo ridículo del porcentaje de vivienda social en España (un 1% del total de viviendas, frente al 35% en Holanda) para ver que es un tema del que nadie se ha querido (y siguen sin querer) hacerse cargo.
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