Como muestra de esto, los esfuerzos del gobierno catalán por señalar a los perceptores de la Renta Mínima de Inserción como pícaros y estafadores. Igual que en los tiempo de Dickens, como nos recuerda Subirats. Igual de asfixiados y perseguidos por engañar y traicionar al honrado estado benefactor, con normas como las siguientes (extraído de artículo de Raventós en Sinpermiso):
"La supeditación de las prestaciones económicas de la RMI
a la disponibilidad presupuestaria, lo cual representa la pérdida de su
carácter universal y de su consideración de derecho subjetivo a la prestación;
se alargará el período de residencia continuada para acceder a la RMI, pasando de
uno a dos años; se amplia de cuatro a doce meses el período de cálculo en la
valoración de los ingresos de la unidad familiar, los cuales sumados no pueden
exceder del salario mínimo interprofesional (SMI), ahora de 641 euros; se
limita a cinco años el período para percibir la RMI con una prórroga para casos
muy excepcionales. Este límite era
inexistente hasta ahora de continuar la persona con la misma situación de pobreza
y exclusión social; se reducirá el importe máximo de la prestación, pasando de
800 (el máximo hasta ahora) a 641 euros por domicilio.
A la
vez y por si fuera poco, a todo este conjunto de restricciones y limitaciones a
la prestación se ha aprobado el reciente 30 de agosto el Decreto para desplegar
la Ley que endurecerá más las exigencias para acceder a la RMI. Entre sus
concreciones se especifica que las personas que “sólo” presenten una
problemática laboral derivada de la pérdida de empleo quedarán excluidas de la
RMI. Será necesario también pasar hasta
6 meses sin ningún tipo de ingreso para poder realizar la solicitud (y sin la
seguridad de ser aprobada). Asimismo también se excluyen a las personas que
mendiguen y se excluirá a las personas que estén pendientes de cobrar
indemnizaciones derivadas de un litigio. Tampoco se aceptará la solicitud de
aquella gente que haya rechazado una oferta de empleo “adecuada a su situación
personal y familiar”. Asimismo y para
rizar el rizo se hará uso del lamentable silencio administrativo de cuatro
meses para que se considere denegada una solicitud.
Con
todas estas restricciones el gobierno de Artur Mas lo que realmente pretende es
recaudar aproximadamente unos 53 millones de euros según un informe que realizó
la Dirección General de Economía Social y Cooperativas perteneciente al
departamento de Empresa y Ocupación. En concreto pretende ahorrarse unos 28
millones retrasando a los seis meses el tiempo que los parados deben llevar sin
percibir ningún ingreso para acceder a la RMI. Unos 7 millones más al rebajar
el máximo de la RMI al importe del SMI,
3 millones más al limitar la RMI hasta un máximo de cinco años… y así
hasta completar este ahorro de sólo el 0,22% del presupuesto de la Generalitat
a cuenta de los más necesitados."
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