Conclusiones tras el análisis de los datos recogidos:
• Los controles racistas son ilegítimos e injustos, vulneran derechos fundamentales, atentan contra la dignidad de las personas y socavan los principios del Estado de Derecho; por tanto son ilegales, pero aún en el supuesto de que “no las prohibiera la Constitución”, seguirán teniendo el mismo carácter.
• Los datos recogidos en este Informe (alto nº de controles, porcentaje reducido de detenciones en relación a identificaciones, “detenciones preventivas”, volumen de dispositivos policiales, etc.) constatan cómo este tipo de controles excede el objetivo aparente de “localizar a personas en situación administrativa irregular”.
• La persecución constituye un mecanismo de control social que refuerza la construcción de un grupo social homogéneo, “los otros”, produce segregación social, levanta fronteras internas y potencia la diferenciación social entre la población autóctona y la extranjera. Los controles contribuyen a generar un imaginario estigmatizador que relaciona migración y delincuencia,
presentando a la población migrada como malhechores y enemigos, siempre bajo sospecha, lo que origina xenofobia y racismo social.
• La alta frecuencia de los controles refuerza la sensación de inseguridad y provoca una alarma social fabricada artificialmente que degrada la convivencia en nuestros barrios.
• Las redadas racistas en Madrid provocan graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas susceptibles de ser identificadas. Desencadenan un “ciclo de privación de libertad”, que en un contexto que criminaliza y limita en derechos socioeconómicos a una parte de la población, también la somete a prácticas de hostigamiento y represión que generan miedo e inseguridad.
La interiorización de ese miedo aumenta ante la posibilidad de topar con un control en cualquier lugar, de ser identificado por la policía, conducido a comisaría, detenido en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y eventualmente deportado. Cuando concluyen en expulsión por mera estancia irregular, estos controles truncan el proyecto de vida personal y familiar de la persona expulsada y sus familiares.
• Los controles policiales en los espacios de transportes públicos atentan directamente contra el derecho a la libre circulación de las personas e incumplen los criterios fijados en la legalidad vigente.
• La alternancia de dispositivos policiales espectaculares, generadores de alarma social, e intervenciones “enmascaradas” (policías de paisano, interpelaciones desde el coche, etc.), los discursos sobre controles “preventivos” y “rutinarios”, el “circulen, aquí no hay nada que ver”, la impunidad, etc., son todos aspectos de los controles de identidad racistas que parecen dirigidos a que la presencia policial, así como determinadas prácticas que tratan de reconfigurar el espacio público como mero lugar de tránsito protagonizado por la preocupación por la seguridad (recortando así libertades y priorizando la vigilancia). Esta vigilancia está dirigida a que interioricemos las fronteras, levantadas sobre los cimientos de la desigualdad socio-económica derivada del expolio de muchos pueblos del mundo y de la expropiación de recursos de la clase trabajadora para la acumulación capitalista.
• Desde Delegación de Gobierno se ha obstaculizado la labor de observación y documentación de controles racistas de las y los miembros de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, así como de otras personas que han denunciado los controles. Se han efectuado identificaciones como mecanismo de coacción, y en los casos de imposición de sanciones se ha buscado mermar una acción política que hace visible la vulneración de derechos amparada por el gobierno.
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