exige al ivima que no ejecute ningún desahucio más sin alternativas de habitalibilidad
Desde que empezó la crisis se han procesado más de 400.000 desahucios España.
Todas estas ejecuciones hipotecarias han afectado a miles de personas
que han sido expulsadas de su hogar y que siguen acarreando la deuda que
contrajeron al firmar la hipoteca.
Son muchas las instancias supranacionales que han llamado la atención a la instituciones Españolas en materia de desahucios. El Tribunal de Justicia Europeo dictaminó en noviembre que la ley española es contraria a la directiva 93/13 de la Unión Europea al permitir la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios (derechos y obligaciones contractuales, los intereses de la demora, decisión unilateral por parte del banco o caja del importe de la deuda y de las condiciones de pago).
El pasado mes de diciembre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó a paralizar cautelarmente el desalojo de una familia en Madrid por parte del IVIMA, basándose en motivos humanitarios y en que la actuación vulneraba los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que establecen que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido explicaciones sobre soluciones de realojo alternativas a lo que el IVIMA ha respondido de forma equívoca y disuasoria alegando preocupación por si la sentencia sentara precedente [y pudiera usarse] como una linea de defensa para por parte de las personas que se encuentran en situación de necesidad.
Estas sentencias ratifican algo que es evidente: que los desahucios sin alternativas de alojamiento constituyen una violación de los derechos humanos y expulsan de forma masiva a miles de personas de sus casas, dejándolas sin acceso a una vivienda, condición mínima e imprescindible de la dignidad y del bienestar.
Las instituciones públicas de vivienda de Madrid (IVIMA) que deberían ser las responsables de garantizar el acceso a la vivienda en unas condiciones justas, están incurriendo en violaciones sistemáticas de los derechos humanos al ejecutar desahucios sin alternativas de habitabilidad. Por eso desde la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) exigimos que no ejecuten ningún desahucio más sin proporcionar una alternativa digna de alojamiento para los afectados.
Son muchas las instancias supranacionales que han llamado la atención a la instituciones Españolas en materia de desahucios. El Tribunal de Justicia Europeo dictaminó en noviembre que la ley española es contraria a la directiva 93/13 de la Unión Europea al permitir la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios (derechos y obligaciones contractuales, los intereses de la demora, decisión unilateral por parte del banco o caja del importe de la deuda y de las condiciones de pago).
El pasado mes de diciembre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó a paralizar cautelarmente el desalojo de una familia en Madrid por parte del IVIMA, basándose en motivos humanitarios y en que la actuación vulneraba los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que establecen que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido explicaciones sobre soluciones de realojo alternativas a lo que el IVIMA ha respondido de forma equívoca y disuasoria alegando preocupación por si la sentencia sentara precedente [y pudiera usarse] como una linea de defensa para por parte de las personas que se encuentran en situación de necesidad.
Estas sentencias ratifican algo que es evidente: que los desahucios sin alternativas de alojamiento constituyen una violación de los derechos humanos y expulsan de forma masiva a miles de personas de sus casas, dejándolas sin acceso a una vivienda, condición mínima e imprescindible de la dignidad y del bienestar.
Las instituciones públicas de vivienda de Madrid (IVIMA) que deberían ser las responsables de garantizar el acceso a la vivienda en unas condiciones justas, están incurriendo en violaciones sistemáticas de los derechos humanos al ejecutar desahucios sin alternativas de habitabilidad. Por eso desde la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) exigimos que no ejecuten ningún desahucio más sin proporcionar una alternativa digna de alojamiento para los afectados.
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