De los derechos simples
a los derechos complejos
La tipología de derechos simples heredados
por la tradición democrática,
tanto liberal como socialista, del siglo XVIII
hasta ahora es insuficiente para dar respuesta
a las demandas de nuestra época. Para
facilitar la comprensión de lo que entendemos
por derechos complejos (mejor que decir de cuarta
generación) los presentaremos de forma
casuística, sin pretender que los siete
tipos que exponemos sean los únicos o
los más importantes:
Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad.
No es suficiente promover viviendas "sociales",
ya que puede ser una forma de fabricar áreas
de marginalidad. Hay que hacerlas integradas
en el tejido urbano, accesibles y visibles,
comunicadas y monumentalizadas, en conjuntos
o áreas diversas socialmente, con actividades
que generen ocupación y servicios. Y
sobre todo, con espacio público de calidad.
Del derecho a la educación al derecho
a la formación continuada. La educación
convencional obligatoria no garantiza la inserción
social y profesional. ¡Y tampoco la universitaria!
Hay que plantear al derecho universal (es decir,
para todos los que lo necesiten) una formación
continuada que "ocupe" y "genere"
ingresos incluso en los períodos de cambio
de actividad o de lugar de trabajo.
Del derecho a la asistencia sanitaria al derecho
a la salud y a la seguridad. Las causas que
afectan hoy a la salud y al bienestar son múltiples:
estrés, drogadicción, accidentes
de circulación, alimentación,
violencia familiar, delincuencia urbana, etc.
El sistema hospitalario y la red de centros
asistenciales son importantes, pero es una respuesta
muy insuficiente si no se inscriben en un sistema
más complejo de prevención, vigilancia,
asistencia personalizada y represión
de las conductas que afectan a la salud y a
la seguridad del conjunto de la ciudadanía.
Del derecho al trabajo al derecho al salario
ciudadano. Es cierto que el derecho al trabajo
es hoy un derecho "programático",
que las autoridades públicas no pueden
garantizar, e incluso las políticas públicas
son menos eficientes que en el pasado para crear
o promover puestos de trabajo. Razón
de más para ampliar este derecho hacia
el concepto de "salario ciudadano",
entendido en cualquiera de las acepciones que
se han propuesto actualmente por la doctrina
social y económica: salario para todos
desde el nacimiento, o solo a partir de la mayoría
de edad, o aplicable en períodos de no
trabajo, o a cambio de trabajo social, etc.
Del derecho al medio ambiente al derecho a
la calidad de vida. El derecho al medio ambiente
con frecuencia se entiende exclusivamente desde
una perspectiva preservacionista y de sostenibilidad.
La calidad de vida va mucho más allá.
Entiende el medio como protección, recalificación
y uso social no solamente del medio natural,
también del patrimonio físico
y cultural. Y la calidad de vida como posibilidad
de desarrollarse según las orientaciones
personales de cada uno, puede incluir derechos
tan diversos como la privacidad, la belleza,
la movilidad, la lengua y la cultura propias,
el acceso fácil a la administración,
etc.
Del derecho a un status jurídico igualitario
al derecho a la inserción social, cultural
y política. Es evidente, y lo hemos tratado
antes, que no han desaparecido las exclusiones
legales. El solo hecho de que haya una ley de
extranjería ya es una prueba de la existencia
de una población discriminada, y la aceptación
tácita de población "sin
papeles" (para facilitar su sobrexplotación)
un escándalo de "capitis diminutio"
legal hacia un sector cada vez más importante
de la población. Pero unificar, igualar
el estatus legal de todas las poblaciones que
conviven en un territorio, es importantísimo.
Pero no suficiente. Hacen falta políticas
de acción positiva para promover la inserción
y el reconocimiento social de las poblaciones
discriminadas, las de origen extranjero, pero
también las que sufren algunas deficiencias
o handicaps físicos o mentales, los niños,
o los ancianos, etc.
De los derechos electorales al derecho a una
participación política múltiple,
deliberativa, diferenciada territorialmente,
con diversidad de procedimientos y mediante
actores e instrumentos diversos. Es una paradoja
que al mismo tiempo que todo el mundo reconoce
la devaluación de los parlamentos y otras
asambleas representativas en tanto que las instituciones
de gobierno y de bajo nivel de prestigio de
los partidos políticos, nuestras democracias
otorguen casi el monopolio, o en todo caso el
rol principal sobre cualquier otro, a la participación
política mediante elecciones de asambleas
y partidos políticos. Actualmente hay
un desfase entre una doctrina y múltiples
prácticas sociales de democracia participativa,
deliberativa, directa, etc. Y la resistencia
de las instituciones políticas y de los
partidos con representación en los órganos
de poder para legalizar y generalizar formas
de participación política más
ricas que las estrictamente electorales.
Todos los derechos citados implican, evidentemente,
los deberes correspondientes por parte de sus
titulares, sin los cuales los derechos pierden
eficacia para el conjunto de la ciudadanía.
El derecho a la ciudad supone el civismo y la
tolerancia en el espacio público, el
derecho a la formación continuada supone
el esfuerzo individual para asumirla, el derecho
a la calidad de vida supone un conjunto de comportamientos
para respetar el derecho de los demás,
etc.
Para una visión más global del tema, consultar aquí.
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