"El problema es que la gente no es consciente de la deuda total y ni siquiera va al juzgado. En la mayoría de los procedimientos se les declara en rebeldía. Eso es muy habitual, porque el proceso es muy complejo, la defensa termina siendo costosa y la gente suele atrincherarse en ideas equivocadas, como “no puede ser que me echen”, “cuando vengan no abriré la puerta”, y cosas por el estilo. Cuando deja de pagar la cuota mensual, el deudor piensa: “Debo cuatro meses, a razón de 600 euros, son 2.400 euros”. Y calcula que cuando el banco vaya a reclamarle deberá 3.000 o 5.000 euros y podrá encontrar a alguien de su entorno que se los preste. Pero cuando llega la ejecución se encuentra con que no le reclaman las cuotas que debe, sino la totalidad de la deuda, lo que se llama “el vencimiento anticipado”, es decir, todo lo que le queda por pagar de la hipoteca más los intereses de demora. En una economía de subsistencia, es posible que alguien próximo pueda prestarle 3.000 euros, pero no 120.000. Ese es otro de los graves problemas del sistema actual que he sometido a la consideración del Tribunal de Luxemburgo.
(...)
En el caso de los bancos intervenidos, habría que
preguntarse cuántas ejecuciones hipotecarias se han adelantado porque
algunos abogados o procuradores han visto en riesgo su contrato con la
entidad financiera. En estos momentos, la mayoría de los desalojos están
externalizados. Ya no son las entidades financieras las que se ocupan
de reclamar las deudas, sino agentes externos que se llevan en torno al
30%. En los procesos de fusión bancaria, esos contratos peligran, y
algunos de los bufetes que gestionan la morosidad de esas entidades han
llevado de golpe a los juzgados todos los impagados por temor a que se
les acabe el contrato. Si el proceso está vivo en el juzgado, devenga
intereses y costas. Eso ha pasado, por ejemplo, con hipotecas de Bankia,
de Unim o de Caixa del Penedès.
(...)
P: ¿Servirá de algo la moratoria aprobada por el Gobierno?
R: No, en absoluto. La moratoria no va a resolver el
problema, sino a agravarlo, porque, como en todos los contratos, hay
que leer la letra pequeña, y en este lo que dice es algo tremendo: la
moratoria paraliza el proceso, pero no los intereses de demora…
P: Pero eso es una burla.
R: O un ejercicio de optimismo. A lo mejor, el
Gobierno cree que va a mejorar tanto la situación económica, que dentro
de dos años las personas afectadas no solo habrán recuperado el poder
adquisitivo, sino que podrán hacer frente a toda la deuda y los
intereses de demora, que oscilan entre el 18% y el 29%. La sensación que
tuve cuando se presentó la medida no podía ser peor. Que no apareciera
el ministro de Justicia para hablar de este problema en términos
jurídicos, sino el de Economía, ya indica por dónde van las cosas. ¿No
se dan cuenta de que están haciendo el ridículo? Si alguien no puede
pagar ahora 120.000 euros, ¿cómo va a pagar 150.000 dentro de dos años?
(...)
El sector financiero es un lobby muy poderoso.
Lo hemos visto en el real decreto sobre desahucios. Estoy seguro de que
los técnicos de los dos partidos entraron a negociar con el propósito de
encontrar una solución y modificar a fondo las leyes, pero en esos tres
días de reuniones, el lobby financiero mantuvo reuniones paralelas y
presionó al Gobierno hasta conseguir sus propósitos. De lo contrario, no
tiene ningún sentido que se anuncie a bombo y platillo que se ha creado
una comisión de expertos y que se va a dar una solución global al
problema, y que luego todo acabe en una cortina de humo de apenas dos
dedos de espesor."
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