Un año más, muchas viviendas menos

Entre muchos otros temas que han estado en el candelero a lo largo de este año, el del no reconocimiento del derecho a la vivienda persiste como uno de los más sangrantes y violentos. Y en los últimos días han aparecido algunos artículos que ayudan a comprender el estado de la cuestión, como el que apareció en El País tratando de acercarse a la realidad concreta de las personas deshauciadas para a partir de ahí reconstruir todo el sistema:

"Entre la Ley Procesal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de Enjuiciamiento Criminal solo dejan margen para oponerse a un desahucio en unos supuestos que se reducen a dos: que se hayan equivocado y la deuda no sea tuya; o que se pague lo que se debe más las costas del procedimiento hasta ese momento. En definitiva, según reconocen todos los actores implicados, da igual que sea la primera vivienda o la de la playa; da igual que haya niños que se pueden quedar sin techo; da igual que en la calle haga 25 grados o bajo cero. O pagas, o pagas. En realidad, aunque sea un asunto judicial, los jueces actúan como si tuvieran las manos atadas. No hay nada que valorar, ni pruebas que pedir, ni declaraciones que tomar: solo comprobar que los papeles estén en regla.

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La realidad de los desahucios en España es que muy pocos se personan en el juzgado con un abogado, según confirman fuentes judiciales. El procedimiento es un rodillo imparable, aunque puede tardar hasta un año y medio hasta que se produce la subasta y el desahucio. Las subastas quedan desiertas, nadie quiere los pisos. Entonces, el banco se adjudica el bien por el 60% del valor de tasación y reclama al denunciado todo el resto de la deuda, más los intereses y las costas judiciales. Muchas familias no solo acaban en la calle, sino condenadas a la exclusión social y expulsadas para siempre del sistema bancario, puesto que cualquier ingreso o bien futuro será para el banco."

 Y otro artículo interesante es el de "¡Con la de casas vacías que hay en la ciudad!", aparecido en el blog  Paisaje Transversal, y que aporta algunos datos muy clarificadores:

"Hoy en día en España hay 3,5 millones de viviendas vacías, de un total de 25,5 millones de viviendas, lo que supone una desmesurada proporción de vivienda per cápita dentro del contexto europeo. De hecho, en España hay muchas más viviendas vacías que en alquiler —poco más de 2 millones, de las que solo 128 000 son viviendas de alquiler social[1]—. Además, se gasta menos dinero y se desarrollan peores políticas públicas de vivienda que en el resto de la ue: El 0,9 % de nuestro pib, frente al 2‑2,5 % de los Estados líderes de la ue, que disponen de mecanismos públicos de financiación de las políticas de vivienda, como la banca pública, la deuda pública finalista o la reserva de parte de la masa salarial[2]. De este 0,9 % de pib, solo un 0,3 % se destina al gasto directo, ya que dos terceras partes de nuestro gasto público en vivienda se invierten en la exención de impuestos, al revés de lo que ocurre en el resto de la ue. 

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Sin embargo, frente a estas escandalosas cifras de viviendas y suelo —la mayor parte sin uso—, el número de desahucios sigue batiendo récords históricos: en el segundo trimestre de 2011 se tramitaron 16 464, un 21,2 % más que en el mismo período del año anterior, y se calcula que la crisis ya ha puesto en la calle a más de un cuarto de millón de familias[5]. "

 

En este mismo articulo se apuntan algunos ejemplos no tan lejanos de cómo es posible realizar políticas de vivienda más ajustadas a las necesidades de las personas... Pero parece que las iniciativas del nuevo gobierno no van por ahí, sino más bien proponen un "retorno al pasado".

"Euskadi es la Comunidad Autónoma en la que, por ley, se construye un mayor porcentaje de vivienda protegida en las nuevas promociones inmobiliarias. La Ley 2/2006 de suelo y urbanismo, entre otras muchas cosas, obliga a que el 75 % de la vivienda en suelo urbanizable y el 40 % en suelo urbano sean viviendas protegidas. Así, desde 1994 existen en Euskadi reservas legales de suelo destinado a vivienda protegida (el 65 % en suelo urbanizable y el 20 % en suelo urbano). Estos porcentajes contrastan con la realidad de otras cc. aa., en las que no existe más reserva legal que la mínima fijada por el texto refundido de la Ley del Suelo estatal (el 30 % en suelo urbanizable); a veces, esta ni siquiera se cumple. En este punto cabe señalar que las abundantes viviendas protegidas vascas[7] cuentan con una calificación permanente; es decir, que lo son de por vida. Además, las Administraciones Públicas establecen un control férreo sobre quién accede a ellas, cómo se usan y cómo se entregan a una nueva persona inscrita en el registro de demandantes de vivienda protegida; ello se traduce en un fraude cercano a cero. 

En segundo lugar, entre las buenas prácticas vascas en materia de vivienda, debemos citar la creación, hace menos de una década, de Bizigune, una sociedad pública que moviliza viviendas privadas vacías y facilita su uso en alquiler a personas cuyos recursos económicos no son suficientes para acceder a una vivienda del mercado libre. A través de este programa, se abona menos del 80 % de una renta de mercado a sus propietarios cedentes, y los arrendatarios pagan un alquiler mensual que supone, como máximo, el 30 % de sus ingresos. Cabe citar otro aspecto destacado de las políticas públicas de vivienda vascas: En menos de diez años, se ha construido partiendo de cero un parque de vivienda pública de alquiler y no propiedad que supera las 45 000 unidades. De esta cantidad, la mitad son viviendas protegidas en alquiler público y la otra mitad, viviendas protegidas en derechos de superficie a 75 años, una especie de alquiler público de por vida. 

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Las medidas planteadas en materia de vivienda por el futuro gobernante Partido Popular durante la campaña electoral no hacen sino ahondar en los mismos errores del pasado. Así, los populares recogían en su programa una serie de medidas destinadas únicamente a la mejora de la accesibilidad a la vivienda y a la movilización del stock, a través de la liberalización del mercado de suelo y de una profundización en la política fiscal de vivienda del psoe de los pasados años; en romano paladino, esto significa que el pp plantea un retorno a 1998, año cero de la burbuja inmobiliaria, para aplicar básicamente las mismas fórmulas, provenientes de la ortodoxia neoliberal. Recordemos que, lejos de provocar vivienda más accesible para la gente de a pie en los pasados 10 años, han provocado una ordalía de vivienda cada vez más numerosa, cada vez más cara[9], cada vez más inaccesible y cada vez con más riesgos sistémicos para la sociedad y la economía española. En definitiva, el pp pretende resolver la burbuja con otra burbuja, que es lo mismo que tratar de solucionar un martillazo en un dedo con un nuevo martillazo en ese mismo dedo.

Hay que plantearse una cuestión sobre las rebajas fiscales y la «liberalización del suelo»: ¿A quién benefician? ¿A aquel que se ha quedado sin casa porque no ha podido pagar su deuda hipotecaria? ¿A aquellos cuyo sueldo de mileurista no les permite acceder a una vivienda? ¿O a aquellas clases pudientes que pueden seguir invirtiendo en el sector inmobiliario, y que ven la vivienda solo como una inversión a la que le beneficia la subida del precio derivada de los perversos incentivos fiscales, hipotecarios y urbanísticos?"